Pijuano

Estados Unidos: Mujeres migrantes en prisión dan a luz encadenadas

Valeria Fernández


Miriam Mendiola-Martínez, una inmigrante indocumentada detenida por cargos de robo de identidad para obtener empleo, dio a luz a un niño el 21 de diciembre en el Centro Médico de Maricopa.
Después de tener una cesárea, pasó dos días encadenada a la cama del hospital. No se le permitió amamantar a su bebé. La inmigrante mexicana fue escoltada a pie y encadenada al salir del centro médico, sin saber que sería de su bebé recién nacido.
Al igual que a Mendiola-Martínez, a todas las mujeres embarazadas que llegan a la cárcel del Condado Maricopa se les niega el derecho a fianza cuando son inmigrantes indocumentadas.

En algunos casos, las mujeres indocumentadas son encadenadas mientras las transportan a un hospital que tiene contrato por servicios con la cárcel y son encadenadas antes y después de dar a luz.
Las autoridades del hospital no son las que dictan este tipo de prácticas sino la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO). El personal médico que estuvo involucrado en estos casos no quiso dar entrevistas al respecto.
Todos los prisioneros hospitalizados son tratados de la misma forma en que lo fue Mendiola-Martínez, dijo el teniente Brian Lee, vocero de MCSO. Lee agregó que se uso un "grillete blando" asegurado a una pata de la cama para prevenir que l se. El grillete resultó ser una cadena de 12 pies de largo.


"Apenas podía caminar, no creo que podía escaparme no me hubiera atrevido a correr. No había necesidad de que hicieran eso," dijo la inmigrante de 34 años de edad.
Mendiola-Martínez dijo que fue encadenada también durante los dos últimos meses de su embarazo. Cada vez que tenía una cita para el cuidado pre-natal de su bebé, la hacían esperar en una celda sin ventilación junto a otras 20 mujeres. Muchas veces le tocaba sentarse en el suelo. Las cadenas eran pesadas y le hacían doler la cintura.
Mendiola-Martínez lloró seguido durante ese tiempo. Y sintió miedo de que su tristeza pudiera causarle daño al bebé.

La historia de Mendiola hubiese sido muy diferente si ella no fuese una inmigrante indocumentada. Podría haber tenido a su bebé afuera de la cárcel si le hubieran permitido
salir bajo fianza, porque cometió un delito menor, de acuerdo a David Black, un abogado de defensa criminal que aceptó su caso sin cobrarle.


Pero en noviembre de 2006, los electores de Arizona votaron por una ley para negarle el derecho a fianza a los inmigrantes indocumentados. La Proposición 100 fue creada por el legislador Russell Pearce, R-Mesa, como una forma de impedir que inmigrantes indocumentados que fueron acusados de un "crimen serio" salieran en libertad bajo fianza.
La Legislatura de Arizona incluyó dentro de la lista de delitos serios, ofensas de carácter menor como la posesión de un documento falso, que muchos inmigrantes indocumentados utilizan para trabajar.

Le ley, que es única en todo el país, es objeto de una demanda por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ante la Corte Federal del Distrito de Arizona. ACLU alega que es anticonstitucional porque niega el derecho de un grupo específico de personas a tener una audiencia justa. La demanda no incluye casos de mujeres embarazadas.
"Pienso que la Proposición 100 pone a las mujeres migrantes en desventaja y hace que sean tratadas de forma injusta," dijo Bob McWhirter, abogado de la Oficina del Defensor Legal de Maricopa.

Cerca de unas 1,500 mujeres embarazadas son encarceladas anualmente en la Cárcel Estrella del Condado Maricopa. En el 2009, 35 mujeres dieron a luz mientras estaban en custodia de MCSO, de acuerdo a datos del Centro Médico de Maricopa. Más de un 70% de las mujeres que se encuentran detenidas en las cárceles del condado fueron acusadas por un delito menor y no han sido condenadas. Alrededor de un 11% son inmigrantes indocumentadas.

Las autoridades de salud y del Condado Maricopa no llevan un registro del estatus migratorio o etnicidad de las mujeres embarazadas que dan a luz cuando están en custodia del sheriff.
En octubre de 2008, un juez federal declaró que las condiciones de las cárceles del Condado Maricopa, administradas por el sheriff Joe Arpaio, eran anticonstitucionales y ponían en riesgo la salud y seguridad de los prisioneros.

El juez dictaminó que las autoridades de la cárcel debían asegurarse de proveer tratamiento médico adecuado, medicinas y comida nutritiva según estipulan los estándares federales. Ese mismo año la Comisión Nacional de Cuidado de Salud en las Correccionales dijo que la cárceles no estaban cumpliendo con las normativas federales, puesto que sus administrativos no sometieron reportes sobre las condiciones en los reclusorios.

Aunque la historia de Mendiola-Martinez no es la única, no es posible determinar cuántas mujeres han compartido la misma experiencia debido a que muchas de ellas acaban siendo deportadas. Sin embargo, otras mujeres que han sido detenidas han dado testimonio del maltrato que sufren las embarazadas dentro de las cárceles.