Algunas ideas sobre el golpe que nunca fué

Edgar Isch L.

Hay mucho que hablar sobre los acontecimientos de este 30 de septiembre, pero el análisis político debe responder a los hechos y no a afanes de aprovecharlos para justificar posicionamientos e intereses de distintos sectores. La verdad, al final, es revolucionaria porque permite conocer la verdad y actuar adecuadamente para transformarla. El engaño, en última instancia, se desenmascara porque, como diría Lenin, “la realidad es necia”. Ni unos ni otros de los que pretenden aprovechar estos hechos de manera parcial y tergiversada, podrán obtener más que beneficios temporales, pues la realidad del país no se cambia ni con palabras ni con manipulaciones de la información y la verdad.

Empecemos entonces recordando que un golpe de Estado, de los que hemos vivido muchos en América Latina o de los golpes “blandos o institucionales” ahora practicados por el imperialismo, requiere de ciertas condiciones. Lo fundamental, sin duda, es que alguien declare derrocado al gobierno vigente y anuncie quién asume la dirección del país en su reemplazo. En lo ocurrido del treinta de septiembre en Ecuador, esto no sucedió en ningún momento. ¿Cómo puede haber golpe de Estado, si nadie plantea el cambio de gobierno?

Veamos algunos detalles:

Los policías insubordinados ni siquiera presentaron un representante o liderazgo unificado. Antes de la suspensión de los medios de comunicación para tener una cadena nacional de información controlada por el gobierno de Correa, se buscaba voceros y estos no existían, solo policías que daban su opinión personal, en desorden, sin que se visibilice un discurso unificado más alá de la demanda de sus condecoraciones y bonos.
Cuando se presentó un supuesto vocero, lo que él hizo fue plantear un pliego de peticiones y pedir que se suspenda la medida de paralización. Eso, por supuesto no corresponde a un golpe de Estado, sino a una acción huelguística. Sí, una huelga de policías, algo que tal vez solo se dio en un escándalo conocido como el de las “muñecas de trapo”1, pocos años después de la dictadura. Lo que pasa es que en el Ecuador a los policías no se les reconoce el derecho ciudadano a la libre organización y, por tanto, no tienen un sindicato que recoja y exprese sus inquietudes, lo que al menos hubiese unificado su representación.
El propio Presidente de la República señala que se reunió con tres grupos distintos de policías mientras estaba en el Hospital. No con una cabeza, no con un negociador, sino con tres grupos deseosos de hablar del punto central que provocó el levantamiento. Tras uno de ellos, el sargento Marco García informa los avances sin poner nunca en duda la autoridad del Presidente.
2. La falta de unidad en la acción es otro hecho evidente. Si se recuerda de declaraciones de policías en Guayaquil y otras ciudades, ellos señalan que lo hicieron porque en el principal cuartel de Quito lo habían hecho. No hay ninguna que hable de una coordinación o planificación.
Mucho más estas características se muestran para el grupo de militares que se tomó la pista del aeropuerto de Quito (y no sus áreas de control y comunicaciones), quienes ni siquiera quisieron hablar con la prensa.
Más allá del tema inmediato de interés, los insubordinados no hicieron ninguna declaración contra el gobierno, ninguna propuesta de cambios políticos y no buscaron temas que les permitan unificar sus demandas con otros sectores sociales. Los golpistas suelen presentarse como los salvadores del conjunto de la sociedad, pero eso tampoco pasó aquí.
Desde el punto de vista simbólico, en un golpe de Estado es obligatorio tomar como el Palacio de Gobierno, para ratificar y demostrar el cambio de poder. Aquí ni siquiera hubo un intento de hacerlo.
De igual manera, es obligatorio tomar el control de los medios de comunicación para informar las órdenes de los golpistas. De esto tampoco hubo el más mínimo intento.
Ni existió la pretensión de anunciar al mundo el cambio de gobierno y buscar aliados internacionales, otra necesidad de cualquier golpe de Estado.

¿Será que las fuerzas de seguridad involucradas olvidaron que un golpe de Estado se planifica? ¿Será que no nombraron a los responsables de tareas básicas como la vocería? O ¿será simplemente que no hubo golpe de Estado y que lo que sí hubo un levantamiento policial cuyas causas y consecuencias deben ser analizadas con seriedad?

Esto explica el desacuerdo del comandante de la Policía, de las Fuerzas Armadas y de muchos sectores del país, especialmente las más nítidas representaciones populares en el Ecuador (el Frente Popular3 y la CONAIE4) de calificar a los acontecimientos como un golpe de Estado. Ello no niega que, a río revuelto, hubo gente de Sociedad Patriótica, el Partido de Lucio Gutiérrez, tratando de aprovechar el momento, pero no hay nada visible ni parcial que indique que dirigieron los acontecimientos y la actuación policial.

Igual ejercicio podemos hacer con la retención del presidente en el Hospital de la Policía. Llegó allí por decisión propia y de su seguridad, la que nunca le abandonó ni fue desarmada; tuvo contacto telefónico y personal sin ningún control; no hubo solicitud de “rescate” ni nada parecido; allí nunca le pidieron la renuncia a su cargo; los policías no usaron nunca la palabra “secuestro”. Ciertamente, no podía salir del edificio, estaba retenido en su interior, algo grave para la máxima autoridad del país y para la línea de mando, pero nada extraordinario en momentos de una protesta de esta naturaleza (los policías levantados tampoco señalaron que no lo dejarían salir del hospital o al menos no hubo una expresión de esa naturaleza que fuera recogida por la prensa). Situaciones de este tipo se han dado en las protestas populares frente a los órganos legislativos, ministros u otras autoridades del continente y, por momentos, por las protestas internacionales contra el G20, la OMC o el Banco Mundial, sin que ello sea calificado de secuestro. El uso de este calificativo tiene más que ver con el afán de sanciones y con la manera en la que en el Ecuador se judicializa la protesta social.

La judialización y criminalización de la protesta son una práctica del gobierno de Correa en los últimos tiempos, en los que se profundiza la derechización del régimen. “La criminalización de la protesta social no es otra cosa que el uso de las leyes, la aplicación del Código Penal para perseguir todas las modalidades de resistencia legítima como el activismo y la protesta social; esta aplicación de la ley ante un acto de resistencia ha sido tomada como un medio para debilitar una acción social y pretende limitar los actos de protesta que se desarrollan en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, expresión y manifestación pacífica. La criminalización de la protesta está siendo usada con una clara intención política de desarticular, desmovilizar, amedrentar y desacreditar a las organizaciones y movimientos sociales.

Consideramos que es abusivo calificar acciones legítimas en el marco de la protesta social, como delitos de sabotaje, terrorismo o contra la seguridad interior del Estado, delitos tipificados en los artículos del 115 hasta el 166 del Código Penal.”5

De hecho, se estima en una centena el número de dirigentes populares (y de izquierda), hoy enjuiciados por cargos tan graves y solo por ejercer el derecho a la resistencia recogido en la Constitución. Entre los perseguidos están los presidentes de la CONAIE y Ecuarrunari, las mayores organizaciones indígenas del país; la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE); múltiples dirigentes campesinos que defienden su agua ante las transnacionales mineras; estudiantes universitarios que defienden la autonomía universitaria. Y, el caso más grave, el presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, detenido ya por casi 10 meses bajo cargos de terrorismo y en un proceso que claramente lo ubica como preso de conciencia.

Ninguno de estos luchadores judicializados ni sus organizaciones pueden ser identificados como de derecha o pro-imperialistas. Ninguno cometió más delito que ejercer el derecho a la resistencia, recogido en el artículo 98 de la Constitución. Se oponen a leyes de continuidad neoliberal, a la falta de diálogo para su aprobación, a la imposición de los puntos de vista presidenciales.

Estos y muchos otros hechos hacen que cualquier comparación con Venezuela o Bolivia sean equivocadas y no permitan un debate fructífero. Ni Chávez ni Evo han dicho que ellos no son antiimperialistas ni anticapitalistas, como sí lo dijo Correa ante Hilary Clinton en su visita al Ecuador; ni presentan los devaneos del gobernante ecuatoriano cada vez más alejado de sus electores y de las organizaciones populares. Por el contrario, su acercamiento a la derecha lo simboliza incluso en el pedido de amnistía a Alberto Dahik, ex vicepresidente impulsor de las mayores contrareformas neoliberales y enjuiciado por peculado y otros delitos comunes.

El levantamiento policial por supuesto puso en cuestión la vigencia de la democracia en el país. Pero también lo ha hecho meses atrás la existencia de una Asamblea Nacional sin determinación propia para legislar, con una mayoría que silencia sus opiniones y solo recoge las determinaciones del Presidente de la República. Precisamente la acción policial se presenta como resultado de un veto presidencial al que se allana la mayoría gobiernista de la Asamblea, rompiendo al igual que en otras leyes cualquier acuerdo o resultados de consulta a los sectores involucrados.

Las organizaciones populares y la izquierda no plantearon nada que las ligue con la derecha que, hay que decirlo, también estaban asustadas del “mal ejemplo” que daba la Policía y el “precedente” intolerable porque deben ser “obedientes y no deliberantes”. Lo que expresaron es el hecho que esta acción se sumaba a las de otros sectores populares, los empleados públicos y las centrales sindicales, contra la conculcación de sus derechos. La tropa policial es también un sector laboral afectado por la situación del país, a pesar de mejoras que efectivamente a tenido en este gobierno. Por no consultarles, se generó un conflicto en torno a “prevendas” que son simbólicas, pues se trata de sus medallas acompañadas de un aporte económico que, según se difundió, suele ser por ejemplo de 1.200 dólares por una vez a los 15 años de servicio.

Los acontecimientos llaman a reconsiderar que la democracia y la soberanía residen en el pueblo y no en el gobierno. La continuidad del giro a la derecha y la prepotencia gubernamental desconocen el papel del pueblo y se distancian de él. El gobierno debe reflexionar incluso considerando que por esta razón no hubo acciones populares de respaldo más que en pocas ciudades y con un número de participantes que debe llevarle a preguntarse. En Quito, el centro de toda acción de respaldo, las estimaciones varían entre 500 y 5 mil personas alrededor del Hospital en el cual estaña el Presidente. Aún las cifras más altas son pequeñas, seguramente menores al número de funcionarios estatales que ingresaron como miembros de Alianza País y, además, no toda esa gente estaba a favor de Correa, sino de la Democracia (ver comunicado de una luchadora al final de este texto).

El rechazo a cualquier intento de la derecha de realizar un golpe de Estado no se discute, y en consecuencia la defensa de la democracia. Pero amplios sectores del pueblo demandan grandes cambios y el cumplimiento de la Carta Constitucional vigente. Es el gobierno el que deberá decidir con quién y a favor de quién gobierna.

Las lamentables muertes, el funesto enfrentamiento militar – policial, las heridas que quedan, confirman que en el Ecuador hay mucho por hacer para lograr el cambio orientado al Sumak Kawsay y el socialismo.

Quito, 2 de octubre de 2010.