lunes, 4 de octubre de 2010

El Ecuador: 30 septiembre

Para entender los fenómenos desatados el 30 de septiembre es necesario poner las cosas en el contexto histórico, que nos permita tener el cuadro completo.

El Ecuador viene siendo el escenario, desde hace algunos meses, de la intensificación y ampliación de las luchas sociales que diversos sectores del pueblo trabajador, los sindicalistas, indígenas, campesinos, maestros, la juventud estudiantil, servidores públicos, pequeños comerciantes, jubilados, desarrollan para resistir y oponerse a las políticas neoliberales del gobierno de Rafael Correa, que lesionan en los hechos los intereses del país, de los pueblos y de sus organizaciones, reanudan las privatizaciones y el entreguismo.


Qué han reclamado los trabajadores y los pueblos ?

Las acciones levantadas por los trabajadores han estado dirigidas a la defensa de los derechos sindicales, que han querido ser anulados por parte del gobierno. Los pueblos indígenas combatieron en todo el país en defensa del agua como un recurso humano vital, las comunidades campesinas e indígenas oponiéndose a la naturaleza entreguista y depredadora de la Ley de Minería, los maestros exigiendo mejores garantías para la educación nacional, opuestos a unas evaluaciones retaliatorias y excluyentes; los estudiantes y todas las universidades del país, contra una Ley de Educación Superior que elimina la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, el libre ingreso, otras conquistas y derechos; los servidores públicos se han movilizado defendiendo su estabilidad, sus conquistas alcanzadas tras largas luchas, los jubilados para mejorar sus pensiones y su atención por parte del Seguro Social; los pequeños comerciantes han estado en las calles por una Ley que garantice su derecho al trabajo, la seguridad social y otras conquistas.
Estas movilizaciones y protestas también han denunciado la posición del régimen para favorecer a los monopolios imperialistas petroleros, mineros, de telecomunicaciones; de favorecer el endeudamiento externo, en condiciones desventajosas; de involucrar al país en el Plan Colombia y de impulsar una política lesiva a la soberanía nacional en la suscripción de la Convención de los Derechos del Mar (CONVEMAR).

El Presidente Correa ha respondido a estas acciones de lucha y las denuncias de las organizaciones sociales, con una política represiva que va dejando víctimas fatales, heridos y grandes daños materiales, como en los casos del ataque a la población de Dayuma, a los mineros del Azuay, el asesinato del profesor shuar Bosco Wisuma, el desalojo violento a los mineros de Zamora y otros hechos. Dirigentes de organizaciones obreras, indígenas, campesinas, estudiantiles, de maestros, han sido detenidos, enjuiciados y perseguidos; son objeto de abominables ataques y calumnias a través de una sonora y atiborrante campaña de los grandes medios que el gobierno controla, acusándolos de “mediocres”, “terroristas”, “corruptos”, etc.

Las tropas amotinadas reclaman derechos
En el marco de esta situación, el 30 de septiembre se produce en distintos lugares del país, la rebelión de las tropas policiales, la toma de los cuarteles, su salida a las calles, en respuesta a la aprobación que se diera en la Asamblea Legislativa a la Ley de Servicio Público y al veto presidencial, que significa arrebatarle a este sector una serie de beneficios, conquistas, subsidios, que los habían logrado en el transcurso de varios años.
Las tropas amotinadas denuncian estos hechos, exigen incluso el cambio de la cúpula de la institución, pero en ningún momento se pronuncian por un cambio de gobierno, por su derrocamiento y más bien solicitan el diálogo, el cese de las actitudes autoritarias y que se atienda su situación. En estas condiciones, esa lucha de las tropas policiales, se añade a la de otros sectores populares en defensa de sus aspiraciones, de sus derechos y conquistas.
Antes de que el gobierno declare el Estado de Excepción, los policías de la tropa pudieron hacer público ante los medio de comunicación sus demandas, que en lo fundamental pedían que se derogue la Ley de Servicio Público, que se restablezcan las condecoraciones y bonificaciones, establecieron que no se los podía tratar de igual forma que a otros servidores públicos, porque trabajan más horas que el resto, en condiciones distintas; rechazaron también que se les haya retirado el bono por el día de la Policía y la canasta navideña y reclamaron que no era justo que un oficial recién graduado gane 1.400 dólares frente a un sargento que, después de 25 años de servicio, gana 1.200.
Es una falacia acusar de que estas acciones formen parte de una “conspiración” en contra de la democracia, del gobierno constituido y que sea parte de un intento de “golpe de Estado” de los “fascistas”, de la “derecha”, con la “participación de la izquierda”, sin que se demuestre para nada estas implicaciones.

En realidad, la democracia representativa nunca estuvo en peligro, ninguna fuerza social ni partido político, a excepción de Lucio Gutiérrez, hablaron y plantearon la salida de Correa, todos hablaron de la necesidad de resolver el conflicto por la vía de la negociación y el diálogo, que incluso el mismo Vicepresidente de la República lo planteó desde Guayaquil.
La insistente denuncia del régimen sobre el supuesto “golpe de Estado contra la democracia ecuatoriana” trajo inmediatamente los respaldos del gobierno norteamericano y de la ONU, pero a la vez generó también los pronunciamientos de la UNASUR, de los gobiernos de la región como Venezuela, Bolivia, Argentina, Paraguay, y también de Colombia, Chile y Perú.
Corresponde señalar que la mayoría de organizaciones sociales que han reivindicado sus aspiraciones, han deslindado campos y denunciado las reales o supuestas acciones de conspiración de la derecha, de la partidocracia, de las oligarquías y el imperialismo. De esta manera se pronunciaron CONAIE, ECUARRUNARI, las Centrales Sindicales, el FRENTE POPULAR y todas sus organizaciones, de modo que las acusaciones de conspiración caen por su propio peso.
El mismo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Ernesto González, respaldó el orden constitucional, insistió en el pedido para la revisión o anulación de la Ley de Servicio Público, causante de los conflictos, al comparecer en la cadena indefinida y obligatoria ordenada por el gobierno a todos los medios de comunicación del país; igual fue la petición de todos los voceros de los policías insubordinados, mientras los canales y medios pudieron recoger esos pronunciamientos para que se atiendan sus necesidades. La famosa “conspiración contra la democracia” que el gobierno y sus servidores denuncian, no aparece por ninguna parte.

Los acontecimiento en el regimiento Quito
Los acontecimientos eran graves y generalizados, pero se desbordaron cuando haciendo gala de prepotencia, en abierta actitud imprudente, Correa fue a enfrentarse con los rebeldes y recibió el rechazo, incluso los irascibles excesos de quienes se hallaban en el Regimiento Quito; quedó asilado en el Hospital de la Policía, desde donde en horas de la noche fue sacado en medio de un sorprendente y desproporcionado operativo militar, que fuera difundido por radio y TV a todo el país, poniendo en grave riesgo la vida del propio mandatario, provocando varias víctimas fatales de dicha acción, decenas de heridos, graves daños a las instalaciones de esa casa de salud.
Luego de su espectacular salida, Correa llega en medio de aplausos y vítores de sus partidarios a la Plaza Grande, para repetir las poses autoritarias, prepotentes y conminatorias: acusar sin pruebas, deformar la verdad y llamar a la “vindicta pública”, que “no habrá perdón ni olvido” frente a los conspiradores, etc.
Es necesario establecer aquí que la democracia es una conquista de los trabajadores y los pueblos a lo largo de centenas de años y por ello la defienden, a pesar de sus limitaciones y exclusiones. La democracia representativa es una expresión del poder de las clases dominantes, resguarda sus intereses; para la gran mayoría, para las clases trabajadoras, sigue siendo una retórica en cuyo nombre se los excluye y atropella. Teniendo claro estos conceptos, la lucha social, las acciones de los trabajadores y los pueblos, la propia rebelión de la tropa de la policía, no se propuso ni plantea quebrar la vida institucional del país y menos es resultado de los afanes conspirativos y golpistas de la derecha, la partidocracia y el imperialismo. El camino de los trabajadores y los pueblos, de la izquierda revolucionaria está claramente definido, es la marcha independiente en busca de su liberación definitiva y cotidianamente en la lucha por sus derechos, aspiraciones, conquistas sociales y democráticas.
Es necesario afirmar, sin embargo, que la prédica gubernamental de que se producía un “golpe de Estado”, tuvo éxito y confundió a un sector de la opinión pública del país y del exterior. En el ámbito popular las cosas están claras. Los acontecimientos de ayer son un nuevo episodio de la lucha social.
Más allá de las actitudes vengativas, retaliatorias y de las sanciones que aplique el régimen, ello deja profundas heridas en las tropas policiales y en varios sectores sociales; el gobierno de la “revolución ciudadana” que ahora canta victoria, debe saber que la lucha de los trabajadores, la juventud y los pueblos continúa; porque seguimos en crisis, sigue la injusticia, las desigualdades sociales aumentan, se desborda y no se sancionan los actos de corrupción. La efervescencia, la lucha social y la aspiración del verdadero cambio se va constituyendo en una bandera de cada vez mayores y más grandes sectores de nuestros pueblos. Crece la conciencia popular.
Aún y pese a estos acontecimientos los dirigentes y las organizaciones de trabajadores continúan exigiendo la anulación de los vetos presidenciales y de los elementos antipopulares y antinacionales que contienen las leyes conexas como las reformas a la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Ordenamiento Territorial, de Servicio Público, Educación Superior, el Código de las Finanzas Públicas y otras que perjudican a los trabajadores, la juventud y los pueblos. Del mismo modo, por la derogatoria inmediata del “Estado de Excepción”, pues desde el gobierno se señala que no hay ninguna conmoción interna.

¿Golpe de Estado?
La actitud imprudente y desafiante con la que Correa llegó al Regimiento Quito, la actitud no conciliadora en la que podría haberse dirigido se convirtió en una reprimenda a los gendarmes y en un desafío a que lo “maten” provocó desmanes y gritos de “Correa mentiroso”, “Correa traidor”; luego en medio de gases y agresiones fue evacuado hacia el Hospital de la Policía, donde fue atendido de las dolencias en su pierna.
Cerca de la una de la tarde, Ricardo Patiño arengó a la gente concentrada en la Plaza Grande para ir a “rescatar al Presidente”, lo mismo hicieron los periodistas Xavier Lasso y Giovanna Tassi desde la Radio Pública, luego de las declaraciones del presidente Correa en el sentido de que estarían por entrar a su habitación en el hospital para agredirlo o para matarlo. A las 12h00, aproximadamente, se declara el estado de excepción y en esas condiciones, el gobierno ordena a los medios de comunicación encadenarse con los medios públicos. Desde ese momento empieza a posicionarse con más fuerza la idea del intento de un golpe de Estado, todos los entrevistados que son funcionarios del gobierno, tienen el papel de reforzar esta idea, que se difunde profusamente en el país y en el exterior.
Según informaciones periodísticas, los militares que debían asumir el control de la situación, esperaron a que se concretara un acuerdo con el ministro de Defensa, Javier Ponce para hacerlo, al parecer esa negociación dio resultado y los militares asumieron el control del país.
Un poco más tarde se conoce que habría un operativo militar para liberar al Presidente, esto mientras en los alrededores del Hospital se enfrentaban simpatizantes del gobierno y la policía que los dispersaban con gases.

Un espectáculo macabro y manipulador
El operativo autorizado por Correa se puso en marcha, el objetivo era “rescatar al presidente cautivo”. Se hicieron anuncios, llegaron a los celulares invitaciones para ir a la Plaza Grande a recibir al Presidente, antes de que fuera rescatado. En esa Plaza se colocó una gran pantalla para que la gente viera, en vivo, el operativo. Todo listo para el espectáculo. Un operativo confuso, que lo menos era es de rescate, y que irresponsablemente ponía en riesgo la vida de Presidente.
Por el discurso de Correa en la Plaza Grande, el primer mandatario no está dispuesto a dar pie a tras, nada de revisar las leyes, sanción para los que intervinieron en esta asonada, que aunque el Presidente diga que son solo un puñado de malos elementos e “infiltrados”, se pudo ver que la medida tenía el respaldo de la mayoría de la tropa.
Esto quiere decir que no habrá rectificaciones, que las leyes de corte neoliberal continuarán, que la prepotencia seguirá siendo la línea de conducta del gobierno, que la amenazas se pondrán al orden del día, lo mismo la criminalización de protesta social, que será sofocada a sangre y fuego.
Por ello, las organizaciones sociales deben continuar trabajando más insistentemente por la unidad de todos los sectores, para defender sus justas aspiraciones, conquistas sociales y derechos; por quienes luchamos por un futuro mejor. En esto reside, sin duda, la fortaleza de los pueblos, en ello está la garantía de la victoria!!

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