"El hambre y la obesidad son dos caras de una misma moneda"

Entrevista a Esther Vivas en The Ecologist

-El hambre y la obesidad son dos caras de una misma moneda, de un sistema agroalimentario privatizado y mercantil. Hoy, la producción agrícola ya no responde a nuestras necesidades alimentarias sino que está supeditada a los intereses económicos de la industria agroalimentaria. Esta lógica nos ha conducido a una situación de grave crisis alimentaria, donde una de cada seis personas en el mundo pasa hambre, a pesar de que se produce más que en cualquier otro período en la Historia, pero, si no tienes suficiente dinero para pagar el precio de los alimentos, no comes. Esto es lo que sucedió con el estallido de la crisis alimentaria de los años 2007 y 2008, con un aumento espectacular de los precios.


Una situación de hambruna que persiste en la actualidad. Al mismo tiempo, los alimentos se producen, se transforman y se distribuyen al menor coste empresarial posible, explotando a todos los actores que participan en la cadena comercial de origen a fin y estableciendo un alto diferencial entre el precio pagado en origen y en destino.
Esto repercute también en la calidad de los alimentos, ya que su objetivo ya no es alimentarnos de una forma saludable sino reducir su coste productivo. La mayor parte de los alimentos que comemos están altamente procesados, con una cantidad importante de aditivos (colorantes, edulcorantes, preservantes), transgénicos... y esto repercute en nuestra salud, generando graves problemas cardiovasculares, de colesterol, obesidad, alergias, entre otros. Y son, mayoritariamente, las familias con menores recursos económicos quienes sufren las consecuencias de este modelo alimentario.

-Determinados estudios científicos muestran que comer productos refinados, con azúcares, saturados de grasas... productos que están, a su vez, cargados de residuos tóxicos... expone nuestro organismo a sustancias químicas que pueden actuar como disruptores hormonales que inhiben la capacidad de nuestros cuerpos de autoregular su peso. Pero, en realidad, los mejores alimentos no son los más caros...
¿La soberanía alimentaria es algo más que el derecho a comer lo suficiente para sobrevivir?
-Efectivamente. La soberanía alimentaria no sólo exige que todo el mundo tenga acceso a los alimentos, sino que también plantea un modelo de producción, distribución y consumo que sitúe en su centro al pequeño campesinado y nuestro derecho a comer alimentos sanos y saludables.

La soberanía alimentaria pone patas arriba la lógica deslocalizadora, intensiva, quilométrica, petrodependiente... que rige al sistema agroalimentario global, poniendo en cuestión la privatización de los bienes naturales (el agua, la tierra, las semillas...) y el monopolio empresarial en toda la cadena alimentaria, así como la connivencia política e institucional con el mismo.

La soberanía alimentaria exige tierra para quien la trabaje, semillas para quien las cultive, alimentos saludables y de proximidad para quien los consuma. En definitiva, reapropiarnos de los mecanismos de producción y distribución de alimentos, que nunca hubiesen tenido que sernos expoliados.
-Si tanto la izquierda con sus modelos antitradicionalistas y la derecha con sus modelos neoliberales se han cargado a las familias...

¿cómo los niños pueden aprender a alimentarse si no hay vida en familia, alimentación en familia?

-El modo cómo nos alimentamos también ha sufrido un cambio radical. La alimentación de nuestros abuelos y abuelas poco tiene que ver con la nuestra, y tampoco han pasado tantos años. Hemos perdido en diversidad agroalimentaria, conocimiento y calidad y somos muy poco conscientes de ello. Esto tiene su faceta más dramática en los países del Sur gravemente golpeados por la crisis alimentaria, aunque también nos afecta aquí, en el
Norte.

Nos venden la moto de que en los supermercados podemos encontrar una amplia gama de alimentos. Pero la realidad es otra muy distinta. En el Estado español, siete empresas controlan el 75% de la distribución de la comida y esta tendencia va al alza, y en casi todos los supermercados encontramos los mismos productos.
¿Dónde está entonces tal variedad?
Tenemos que recuperar el control en la producción, la distribución y el consumo de alimentos y el saber alimentario.
-El derecho internacional garantiza la soberanía interna y externa de un Estado. Pero ¿quién garantiza su soberanía alimentaria?
-La soberanía alimentaria debería de estar garantizada por los estados, pero hoy en día los dictados de la Organización Mundial del Comercio, el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con el beneplácito de los gobiernos de los distintos países, dejan la economía, la alimentación, el bienestar, la salud, el medio ambiente... en manos del mercado. Es necesario y urgente cambiar estas políticas, pero para hacerlo es fundamental una correlación de fuerzas favorable en manos de “los de abajo”, las y los resistentes. Hay que trabajar en esta dirección.

-Lo que llega al supermercado, las ofertas de la semana, lo que al final llega a nuestro plato... ¿de qué depende? O, mejor dicho, ¿quién lo decide?
-Si partimos de que la población campesina tiende a desaparecer, que en el Estado español tan sólo un 5% de la población activa trabaja en el campo, que se vive una creciente “descampesinización”… Entonces, ¿de quién depende nuestra alimentación? La respuesta es clara: multinacionales como Cargill, Monsanto, Nestlé, Carrefour, Alcampo, entre muchas otras, acaban determinando qué se consume, cómo, de dónde proviene y qué se paga. Por lo tanto, nuestro derecho a la alimentación, como hemos visto con la crisis alimentaria global, está gravemente amenazado.

-La Generalitat está prohibiendo que en los colegios entre la comida basura mientras que en sus medios de información se publicitan todo tipo de productos presuntamente alimentarios muy nocivos para la infancia...

¿Lo correcto no sería hacer como en Alemania o Italia en cuyos colegios ya existe la alimentación ecológica en un gran porcentaje, de carácter local y campesina?

-Podríamos decir que existe una doble moral. Desde las administraciones públicas se publicita la agricultura ecológica, pero sus políticas agrarias se supeditan a los intereses de la industria agroalimentaria. Pongamos un ejemplo. En Catalunya, a lo largo del año 2009, la plataforma Som lo que Sembrem recogió más de cien mil firmas impulsando una Iniciativa Legislativa Popular contra los transgénicos, pero cuando ésta llegó al Parlamento catalán fue rechazada. Los parlamentarios se plegaron a los intereses empresariales protransgénicos.

Catalunya y Aragón son las zonas de Europa con una mayor producción de transgénicos, incluso con variedades prohibidas en otros países europeos. La administración pública puede seguir hablando de agricultura ecológica, pero si no se prohíben los transgénicos, tarde o temprano, con una falsa coexistencia, la agricultura convencional y ecológica desaparecerán.

Las experiencias de comedores ecológicos en Italia son iniciativas a tener muy en cuenta y a seguir, a la vez que son una de las principales fuentes de viabilidad de la agricultura ecológica y campesina italiana. Tomemos nota.


+ info: http://esthervivas.wordpress.com

*Entrevista realizada por Pablo Bolaño y publicada en The Ecologist, nº41.

Haití: Marcha contra Monsanto y por la soberanía alimentaria

Puerto Príncipe, 7 de junio 2010

Varios miles de campesinos y campesinas de todo el país se manifestaron contra Monsanto y sus cómplices en Hinche después de la convocatoria del Movimiento de Papaye (MPP), de las organizaciones campesinas y movimientos sociales como Movimiento de los Campesinos del Congreso de Papaye (MPNKP), de TK (Tèt Kole), de la Coordinación Regional de las Organizaciones del Sur Este (CROSE), del Movimiento Reivindicativo de los campesinos de Artibonite (MOREPLA), de la Plataforma haitiana de apoyo por un desarrollo alternativo (PAPDA), Red Nacional Haitiana por la Seguridad y la Soberanía Alimentaria (RENAHSSA), de la Plataforma de las organizaciones campesinas haitianas (PLANOPA), del grupo « Kaba grangou » (para acabar con el hambre) junto con la Vía Campesina (Haití , Republica Dominicana, Brasil y Canadá) y otros países amigos como Estados Unidos, Francia e Italia , sin olvidar a los periodistas de varios medios de comunicación nacionales e internacionales.
El viernes 4 de junio del 2010, se manifestaron juntos y juntas todos y todas saliendo del centro de formación del MPP "centro Lakay" hasta Hinche (alrededor de 7 Km.) para exigir el respeto a la soberanía alimentaria del país y en contra de Monsanto y sus cómplices en Haití.
El día 3 de junio por la noche, se emitió un documental en la sala cultural de la iglesia Católica en Hinche, explicando las consecuencias negativas de los productos de Monsanto en lugares como América Latina y el apoyo que recibe dicha empresa multinacional por parte de la Administración para el Control de Alimentos y Medicinas de EEUU (FDA) para distribuir sus productos en el territorio americano.
El viernes 4 de junio, para iniciar la marcha los y las manifestantes sembraron simbólicamente maíz criollo en una granja experimental de MPP que simboliza la determinación de consumir maíz criollo a partir de semillas locales orgánicas y también plantaron árboles para marcar el día internacional de medio ambiente.
Después, al ritmo del tambor e instrumentos de viento como el bambú, la música y los gritos, los manifestantes caminaron hasta Hinche con sombreros artesanales en los que se podía leer "ABAJO Monsanto" y "ABAJO Preval" y con camisetas rojas reclamando, entre otras cosas, el fin de la soberanía alimentaria. En la plaza Charlemagne, el director ejecutivo de MPP y miembro de la CCI de la Vía Campesina, D. Jean Baptiste Chavannes, leyó la declaración final escrita por las organizaciones campesinas haitianas y movimientos sociales haitianos para luego quemar parte del maíz en venenoso como gesto de rechazo del regalo mortal de Monsanto al gobierno haitiano. Después de quemar el regalo maldito, se distribuyeron semillas criollas como maíz y varios tipos de frijoles a los y las participantes.
Los y las participantes no solamente se solidarizaron con el sector campesino, sino que también aprovecharon el momento para mostrar su oposición a la política del gobierno de Rene García Preval (Presidente desde el 14 de mayo del 2006) y Joseph Jean Max Bellerive (Primer ministro desde el 11 de noviembre del 2009), acusándoles de ser cómplices del imperialismo al vender el patrimonio nacional del país.
Vía Campesina Caribe
e-mail: viacampesinacaribe@yahoo.es

Argentina: Subregistro del 200% en mortalidad materna

ARTEMISA

Un estudio en la Ciudad de Buenos Aires dio como resultado un subregistro del 200% en los índices de mortalidad materna. Según la investigación por cada mujer cuya muerte apareció registrada como 'mortalidad materna', se encontraron dos más que no habían sido evaluadas en los registros.
'La falta de información confiable habla de severos problemas de calidad. Hoy no tenemos una política efectiva de prevención en salud sexual y reproductiva' señaló Jorge Vinacur, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (SOGIBA), que llevó adelante la investigación junto con el Gobierno de la ciudad:

El subregistro de los índices conocidos como mortalidad materna (la muerte de mujeres gestantes -antes, durante o después del parto-) preocupa hace años a quienes investigan, sobre todo en regiones despobladas o aisladas del país donde puede ser difícil establecer el motivo real de la muerte de una persona.

Según los datos difundidos a fines del 2009 por el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina murieron, en el año 2008, 296 mujeres por razones vinculadas a la mortalidad materna.La investigación realizada por SOGIBA en colaboración con la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), investigó, durante el mismo año, las muertes de más de 400 mujeres en edad reproductiva en el ámbito de CABA (fallecidas en establecimientos públicos, privados y de obras sociales) y encontraron 23 muertes que podrían caratularse como 'mortalidad materna' y que no aparecían en los registros oficiales, donde sólo figuraban 10.

'Esto sucede en la ciudad de Buenos Aires, que tiene índices top de mortalidad materna. No podemos estimar cuál es el subregistro en el resto del país' señaló Jorge Vinacur, presidente de SOGIBA durante la presentación del informe. Y agregó que 'la falta de información confiable habla de severos problemas de calidad; hoy no tenemos una política efectiva de prevención en salud sexual y reproductiva en Argentina'.

Vinacur participó, 20 años atrás, de una investigación, con la misma metodología que la actual, que abarcó CABA pero también Córdoba y Tucumán (donde los índices oficiales de MM son más altos) y que dio como resultado un subregistro más bajo: del 100%. O sea, que la calidad de la medición habría empeorado.

Las muertes subregistradas mantienen el predominio de las causales directas de mortalidad materna (aborto, hipertensión, hemorragia, sepsis, entre otras) por sobre las indirectas (enfermedades que las mujeres tenían desde antes de quedar embarazadas); sin embargo, aumenta considerablemente la incidencia del aborto. En el registro oficial de 10 muertes, sólo 1 había sido como consecuencia de la realización de un aborto inseguro; mientras que al contabilizarse las nuevas 23 muertes, se encontraron que 4 se debieron a esta causa. En el registro total, de 33 muertes, 5 habrían sido consecuencia de abortos inseguros: 22%.
Muchas de estas nuevas muertes maternas halladas por la investigación se produjeron en las terapias intensivas de las instituciones, razón por la cual la propuesta de SOGIBA es sensibilizar a las y los especialistas de este sector para mejorar el registro de las defunciones.

Juicio Campesino y Popular a los Transgénicos

La contaminación transgénica del maíz, un crimen de lesa humanidad
La controversia mundial sobre transgénicos, con todos sus actores puestos en escena, se da cita en Guadalajara la semana que comienza. Mientras que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realiza una conferencia técnica internacional sobre “Biotecnología Agrícola para los países en Desarrollo”, que ha sido denunciada por su sesgo a favor de las empresas de transgénicos, decenas de organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional tanto del campo como de la ciudad, manifiestan su rechazo a estos cultivos, a la liberación del maíz transgénico en México, centro de origen del mismo y al intento de la FAO por legitimarlos. Redes campesinas llevarán el caso ante tribunales internacionales.
“El gobierno mexicano, contra la opinión y los intereses de la gran mayoría de la población, autorizó 24 permisos de siembra experimental de maíz transgénico en varios estados. Esto fue una provocación, porque desde todos las perspectivas, sean rurales, urbanas, campesinas, técnicas, científicas, han habido argumentos mostrando que no tiene sentido liberar maíz transgénico en el centro de origen. Ahora, la Red en Defensa del Maíz, la Vía Campesina y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales estamos convocando a construir colectivamente un expediente para llevar el caso ante tribunales internacionales” explicó Evangelina Robles , abogada e integrante del Colectivo Coa , con sede en Jalisco y parte de la Red en Defensa del Maíz.
“Para ello, llamamos a una primer Audiencia el 2 y 3 de marzo en Guadalajara , donde invitamos a participar campesinos, indígenas, activistas, intelectuales, abogados, científicos, para presentar sus testimonios y acusaciones y construir el caso. Contamos también con la experiencia de personas de otros países que también contribuirán, así como con el respaldo de organizaciones internacionales como Grain y Grupo ETC, con larga experiencia internacional en el tema de transgénicos. Creemos que la contaminación transgénica del maíz es un crimen de lesa humanidad, porque estamos en el centro de origen del maíz, no sólo para México sino para todo el mundo”.
Eutimio Díaz, del pueblo wixarika, participante de la Red en Defensa del Maíz desde su comienzo en 2001, presentará su testimonio desde la experiencia de las pueblos indios, en la Audiencia Popular titulada “ La contaminación transgénica del maíz, un crimen de lesa humanidad” , que se realizará en el Museo de la Ciudad. “El maíz es parte de nuestra vida, de nuestra historia, economía, de quiénes somos. Lo cuidamos, lo crecemos y él nos hace crecer y nos cuida, nos da de comer y nos sostiene. Perder el maíz es muerte para los pueblos y a eso se dirige el gobierno permitiendo que las empresas transnacionales lo contaminen y se apoderen de él, es otra forma de guerra contra los pueblos indígenas y no lo permitiremos. Seguiremos resistiendo los transgénicos y cuidando nuestras semillas.”
Para el día 3 de marzo, de 16 a 19 horas en la plaza Escorza de Guadalajara, la organizaciones convocan también a un “Juicio campesino y popular a los transgénicos”, con las contribuciones vertidas en la audiencia y expresiones culturales sobre el tema.
Pat Mooney, Premio Nobel Alternativo y director ejecutivo del Grupo ETC , organización internacional de la sociedad civil con sede en Canadá, participó en el comité asesor de la Conferencia de la FAO hasta el 23 de febrero pasado, cuando presentó su renuncia en forma pública. Calificó el proceso preparatorio y los documentos base para este encuentro de la FAO entre gobiernos y científicos como “irremediablemente sesgados a favor de las trasnacionales de transgénicos”. Mooney, que ha seguido el trabajo de la FAO por más de 40 años, aceptó participar en ese comité, porque el secretariado de la FAO le aseguró que sería un proceso “justo y equitativo”. Pero la FAO “usó y abusó de mi nombre como miembro del comité para justificar dejar otras organizaciones fuera del proceso, sin recoger ninguno de los puntos críticos que expresé sobre los documentos”. Lo más consideró Mooney, es que en los documentos faltan elementos esenciales tanto científicos como socioeconómicos sobre la biotecnología y los transgénicos. “No se menciona en ninguna parte que la industria biotecnológica está dominada por un puñado de transnacionales. Prácticamente no se mencionan efectos sobre la salud y el medioambiente y tampoco la contaminación de semillas locales.”
Octavio Rosas Landa , del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop), y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), que agrupa a más de 130 organizaciones y comunidades urbanas y rurales de 15 estados del país, agrega “En la Asamblea participan miles de campesinos que serán afectados por la contaminación transgénica de su maíz. Esto se suma a muchas otras agresiones que están sufriendo por la contaminación y depredación de sus territorios, de sus recursos hídricos y biodiversidad, por la instalación de granjas industriales de cerdos, pollos y vacas, por la minería y grandes represas hídricas, y otras. Por ello, la ANAA, en su reciente encuentro nacional con más de 1300 delegados, se pronunció unánimemente contra la siembra y comercio de maíz trasngénico y a favor del cultivo de maíces nativos y locales. Nuestros testimonios se integrarán al expediente de los agravios contra los pueblos del maíz.
Alberto Gómez Flores es delegado de La Vía Campesina, la mayor red global de organizaciones campesinas, con presencia en cinco continentes y cientos de organizaciones. La Vía Campesina América del Norte también convoca al Juicio Campesino y la Audiencia popular. Gómez declara “La FAO afirma que con la biotecnología y los transgénicos van a enfrentar el hambre en el mundo y la crisis climática. Parece que décadas de Revolución Verde no les han enseñado nada. Con agricultura industrial y químicos produjeron mayores volúmenes de algunos granos, pero el hambre en el mundo aumentó, hay más pobres, más desplazados, menos campesinos. Los fertilizantes sintéticos y los transportes son de las principales causas del cambio climático. Con las tecnologías nuevas y sus patentes, las trasnacionales se fueron apropiando de la agricultura. Los transgénicos son el ejemplo más claro del control de las transnacionales sobre las semillas, la agricultura y la alimentación, sobre los campesinos y en definitiva sobre todos. Contaminan a las otras variedades y al suelo, tierra y agua, empeorando todas las crisis. Los campesinos tenemos la capacidad de producir alimentos y enfriar el planeta. Lo que menos necesitamos es que la FAO dé un espaldarazo a las transnacionales para que aumenten la contaminación y los ataques que sacan a la gente del campo"
Red en Defensa del Maíz
Vía Campesina Región América del Norte
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Noticias/Juicio_campesino_y_popular_a_los_transgenicos

UNA CORTA EVALUACIÓN DEL IPHU, GUATEMALA

El día 24 de abril del año que transcurre se clausuró el curso de la IPHU, denominado “Salud Intercultural, perspectivas desde los Pueblos Originarios y Afro descendientes de Abya Yala”. La ciudad anfitriona, Chimaltenango, próxima a la capital, Ciudad Guatemala, fue testigo del evento, ya que muchas de las intervenciones se transmitieron por las radios locales. Igualmente, la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), entidad que hizo de sede y parte importan del desarrollo del evento, organizó la ceremonia de cierre del curso, dirigida por guías espirituales mayas, quienes, con idéntico procedimiento realizaron también la ceremonia de Bienvenida, ocurrida el 14 de abril.
De esta forma, la espiritualidad de un pueblo que alcanzó los más altos niveles del desarrollo civilizatorio en América, y que ha sufrido a partir de la invasión española, los más cruentos y salvajes actos de genocidio organizado, entregó su cuota más preciada, entendida en su ritualidad y saberes ancestrales, tan celosamente guardados a lo largo de generaciones.Pasado este acto, la evaluación necesaria de todo lo ocurrido a lo largo de diez días de intensa labor, por parte de los estudiantes, docentes, facilitadores y organizadores, tocó varios aspectos que creemos sistematizar en los siguientes elementos:
El tema de la interculturalidad en América Latina tiene niveles de discusión muy distintos, dependiendo de cada uno de los países, puesto que, mientras en Bolivia y Ecuador se ha tratado el tema desde hace ya tres décadas, llegando como consecuencia de ello a inscribirse en las respectivas Constituciones la categoría de Estados Multinacionales, en otros, el debate se halla en curso, existiendo un buen número de sociedades en las cuales el tema es poco conocido o simplemente se desconoce.
Fue igualmente visibilizada la interculturalidad como un diálogo entre todas las partes de los conjuntos sociales: indígenas, afro descendientes, blancos, mestizos y demás participantes del mosaico étnico y cultural que define a nuestros pueblos.
En este proceso se entiende la urgencia de descolonizar nuestros pensamientos y acciones, a fin de generar una relación entre iguales, como parte fundamental del diálogo de saberes que se busca construir.
Las minorías que se entienden por sus preferencias sexuales, grupos marginales y otros, también deben participar en este proceso, puesto que conllevan igualmente saberes y experiencias, en algunos casos, propios de la realidad contemporánea en que vivimos.
La riqueza cultural de los pueblos y naciones de América Latina, su conocimiento del medio físico, etc., guardan un enorme potencial en relación con la atención primaria y la salud en general, incluso de personas con enfermedades que se dicen propias de esta época.
Como parte de un proceso histórico en el cual se estructuraron los territorios étnicos, que quedaron desmembrados o seccionados a raíz de la invasión, es fundamental en los actuales momentos, iniciar un camino de reconstrucción de los mismos, ya que en estas unidades físicas se hallan contenidos los ejes articuladores del buen vivir, a través de la satisfacción de las necesidades más importantes del ser social, su cosmovisión y cultura, que no son otra cosa que esa especial relación que establecen los pueblos con la naturaleza en donde viven y han vivido.
Dada la importancia del tema, el debate sobre la interculturalidad ya no se centra únicamente en el área de la salud, puesto que la misma es una vertical que atraviesa todos los aspectos de nuestras sociedades, incluyéndose como un determinante en la perspectiva del cambio social.
Por lo mismo, queda claro que se deben construir los puentes articuladores entre la cultura y la política. O dicho de otra forma, elevar las categorías culturales y su vivencia al nivel del discurso y la acción política.Finalmente, vale comentar que este curso, luego de una rigurosa selección entre las 310 personas que aplicaron, habiendo sido seleccionadas sólo 50 provenientes de 17 países latinoamericanos, tuvo como característica la organización y disciplina con la que se realizaron cada uno de las sesiones de trabajo, terminando las jornadas con actos culturales, hasta bien avanzadas las horas de la noche.
Por todo ello, por lo aprendido y compartido, por lo que dejamos y trajimos cada uno de los participantes, nada más que un abrazo fraterno y hasta el próximo IPHU, mientras que entre telones se ve venir la Tercera Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos.

Jaime Idrovo Urigüen

Filipinas: Arresto masivo de trabajadores del sector sanitario acusados de “Terrorismo”

James Petras

El 6 de febrero, 300 soldados y policías militares fuertemente armados, enmascarados, irrumpieron en la residencia provincial de la Doctora Melecia Velmonte, distinguida especialista en enfermedades infecciosas y Profesora Emérita del Colegio de Medicina de la Universidad de Filipinas, y arrestaron a 43 trabajadores de la sanidad, médicos y enfermeros que habían estado celebrando un seminario sobre preparativos para un posible desastre rural tras las secuelas del devastador tifón Ketsana. Se les vendaron los ojos, se les ató y llevó a un campamento militar donde sufrieron violentos interrogatorios y torturas para ser acusados de terrorismo y pertenencia al movimiento guerrillero El Nuevo Ejército del Pueblo. La dueña de la granja donde los “terroristas” médicos se reunían, Dra. Velmonte, y su hijo, que estaban presentes durante los arrestos y que protestaron por la invasión de su propiedad sin una orden judicial, no fueron arrestados.
Los 43 detenidos médicos han estado custodiados en un campamento militar desde entonces sin acceso posible para familiares y abogados. Los falsos cargos de posesión de armas contra los trabajadores sanitarios se basan en explosivos, pistolas y manuales para la fabricación de bombas, obviamente colocados en sus pertenencias. Se acusa a una enfermera de tener una granada de mano bajo la almohada. Un desfile de cargos claramente falsos, incluyendo el de participación en “unidades comunistas de asesinato”, fueron levantados contra los médicos, (especialmente inverosímiles los levantados contra un especialista de la seguridad social de 61 años que sufre de diabetes e hipertensión) así como contra los enfermeros y los trabajadores de la sanidad. Estos absurdos cargos, la extraña “redada” estilo comando en la residencia de la Dra.Velmonte y el prolongado aislamiento y abuso de los detenidos fueron defendidos por el Gobierno, al más alto nivel, encontrando pocas quejas o llamamientos para una investigación por parte de la oposición dirigida a su vez por la élite. El Decano del Colegio de Medicina de la Universidad de Filipinas publicó una dura denuncia del masivo arresto en la que describió el abuso de los militares sobre los trabajadores sanitarios como parte de un patrón de ataques contra miembros del sector sanitario que buscan completar su misión de servicio a la población rural desatendida.Los detenidos son conocidos como “Morong 43” por el nombre del pueblo en la provincia de Rizal donde el arresto se llevó a cabo. Se han dado masivas protestas y han surgido grupos de apoyo entre una gran variedad de asociaciones de profesionales, organizaciones de la sociedad civil y movimientos de clase en Filipinas, y grupos de enfermeros y organizaciones pro derechos humanos en Norte América y Europa. El incidente fue publicado en el Lancet, pretigiosa revista médica británica.
La prensa estadounidense, que cubre por rutina abusos de los “derechos humanos” contra profesionales independientes en China y Birmania, tiene todavía que hacer mención del arresto y tortura de 43 trabajadores médicos en Filipinas, cuya presidenta , Macapagal Arroyo, es un firme aliado político del Gobierno Obama
Las “Razones” detrás de la represión
El brutal asalto y arresto, por parte del régimen de Macapagal Arroyo, de 43 trabajadores de la sanidad, comprometidos con proveer servicios médicos accesibles y básicos y ayuda y entrenamiento contra los desastres a los pobres del medio rural, puede parecer irracional desde un punto de vista económico: después de todo, en un país donde más de un 70% de la población rural nace y muere sin ver nunca a un médico, estos trabajadores sanitarios ofrecen servicios sociales vitales a poblaciones marginadas sin coste alguno para el Gobierno.
Sin embargo las consideraciones económicas no son lo que atañe a las políticas de un régimen impopular profundamente inmerso en escándalos de corrupción y triquiñuelas electorales. La principal consideración del régimen de Macapagal Arroyo es política: cómo puede el régimen mantener el control sobre un electorado intranquilo, profundamente desencantado con los señores de la guerra, líderes de clan y matones paramilitares locales, que “redondean” sus votos para el candidato elegido por el régimen. En este contexto, las clínicas de salud locales, dirigidas por trabajadores sanitarios independientes bajo el control de la comunidad, son una amenaza a la cadena local de mando del régimen, que dirige la amplia “máquina de patronato” que dicta quién vota y cómo. Cualesquiera que sean los exiguos servicios sociales que existan en las áreas rurales tienen que estar totalmente bajo su control para así subrayar la dependencia que el electorado tiene de los representantes locales del régimen.
Centros de salud de base comunal, donde trabajadores sanitarios ofrecen y enseñan medicina preventiva, higiéne básica, preparación contra desastres y muchos otros servicios, permiten pensar y actuar, independientemente de los jefes locales, a pequeños granjeros, trabajadores del campo y a sus familias. Trabajadores sanitarios voluntarios muestran un micro modelo de a lo que un programa exhasutivo de salud rural debería parecerse, en contraste con el inaccesible, corrupto y privatizado sistema de cuidados médicos promovido por el Gobierno de la Nación.
Bajo el régimen de Macapagal Arroyo, el saqueo de las arcas del Estado ha depauperado el sistema sanitario hasta el punto de que más de 3000 enfermeros y médicos se ven forzados a abandonar cada año el país. Las clínicas privadas y las compañías de seguros suministran servicios médicos de calidad a empleados asalariados de grandes negocios, opulentos profesionales de clase media y miembros de la clase alta. En los hospitales públicos, especialmente en los mayores hospitales docentes, como el enorme Hospital General Filipino, jóvenes doctores, que ofrecen servicios críticos a decenas de miles de pacientes pobres y de baja clase media, trabajan sin salario durante meses o incluso años. Personal y facultativos están tan pobremente pagados que se ven forzados a trabajar paralelamente en clínicas privadas para poder sobrevivir.
Con las próximas elecciones presidenciales de Mayo, la élite política ha hecho un cálculo lógico: como resultado de sus saqueos y brutalidad, las promesas de prosperidad no pueden “comprar” el apoyo del electorado, cuya “lealtad” debe ser entonces “garantizada” a través de la tradicional doble M de la gobernancia filipina: Matones y munición.Fuertemente financiado y alentado por los EE.UU. en su “Guerra Mundial contra el Terror”, el régimen de Macapagal Arroyo ha elaborado su propia lista de amenazas: primero, en el “orden de batalla”, se encuentran los movimientos sociales populares, cuyos dedicados activistas no se venden. Esto explica el uso extendido del arresto masivo y la detención continuada de los “Morong 43” por las fuerzas militares del régimen y los “asesinatos selectivos” de candidatos políticos populares e independientes y líderes comunales independientes.
El ejército ha hecho caso omiso de las órdenes de la Corte Suprema de Filipinas para trasladar a los 43 trabajadores sanitarios a Manila donde tendrían acceso a sus abogados y a cuidados médicos. La detención continuada y el abuso de los “Morong 43” por parte del régimen es un mensaje estilo gángster al movimiento de la sociedad civil filipina: “¡Manteneos al margen de las comunidades pobres o sufriréis un destino similar!” La táctica del gobierno de Macapagal Arroyo y sus partidarios en la Casa Blanca es proceder con la farsa electoral como si “nada fuera mal”.

Lo que se necesita urgentemente es una campaña internacional que exponga el envés oscuro de las elecciones filipinas y que garantice la libertad y el regreso de los “Morong 43”, sanos y salvos, a sus familias y comunidades. Lo que está en juego no son sólo las vidas de los trabajadores sanitarios presos sino también las vidas y el bienestar de muchos miles de granjeros pobres y sus familias que dependen de esos servicios vitales que les brindan. ¡Justicia para los trabajadores rurales de la sanidad!

British Petroleum: contaminador multimillonario

Publicado el 5 de mayo de 2010
Por Amy GoodmanA menos de una semana de que la plataforma petrolera Deepwater Horizon de British Petroleum explotó en el Golfo de México, dejando un saldo de 11 trabajadores muertos y desatando lo que podría ser el peor desastre ambiental de la industria en la historia de Estados Unidos, la empresa anunció ganancias de más de 6 mil millones de dólares para el primer trimestre de 2010, más del doble de las ganancias obtenidas en el mismo período del año anterior. La analista de la industria petrolera Antonia Juhasz advirtió: “BP es una de las empresas más poderosas que operan en Estados Unidos. Sus ingresos de 327 mil millones de dólares en 2009 son suficientes para clasificar a BP como la tercera empresa más grande del país. Gasta mucho dinero en influir en la política de Estados Unidos y en la supervisión del cumplimiento de las normas”. El poder y la riqueza que detentan BP y otras gigantes petroleras no tienen prácticamente parangón en el mundo, y plantean una amenaza a las vidas de los trabajadores, al medio ambiente y a nuestras perspectivas de democracia.

Hace sesenta años, BP se llamaba Anglo-Iranian Oil Co. (AIOC, por sus siglas en inglés). Un gobierno iraní popular y progresista había pedido a la AIOC, un monopolio en su mayor parte de propiedad británica, que compartiera más de sus ganancias del petróleo iraní con el pueblo de Irán. La AIOC se negó, lo que provocó que Irán nacionalizara su industria petrolera. Esto no le cayó bien a Estados Unidos, por lo que la CIA organizó un golpe de Estado contra el Primer Ministro Mohammed Mossadegh. Luego de que fuera derrocado, la AIOC cambió su nombre a British Petroleum, recuperó gran parte de su monopolio y a los iraníes se les impuso la cruel dictadura del Shah de Irán, sembrando la semilla de la revolución iraní de 1979, la subsiguiente “crisis de los rehenes” y el conflicto político que atormenta a Irán hasta nuestros días.En 2000, British Petroleum cambió su imagen y pasó a llamarse BP, adoptó un logo con flores verdes y amarillas y comenzó a asediar al público estadounidense con una campaña publicitaria que afirmaba que estaba avanzando “más allá del petróleo”. Sin embargo, el crecimiento agresivo de BP, sus enormes ganancias y su historial en materia de desastres vinculados con el petróleo pintan un panorama muy diferente. En 2005, la refinería de BP de la ciudad de Texas explotó, dejando un saldo de 15 muertos y 170 heridos. En 2006, un oleoducto de BP en Alaska derramó 200.000 galones de crudo, provocando lo que la Agencia de Protección Ambiental denomina “el mayor derrame ocurrido en North Slope, [Alaska]”. BP recibió una multa de 60 millones de dólares por ambos desastres. Luego, en 2009, la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA, por sus siglas en inglés) multó a BP por otros 87 millones de dólares por la explosión de la refinería. La Secretaria de Trabajo Hilda Solis dijo: “BP permitió que cientos de potenciales peligros continuaran sin ningún tipo de disminución…La seguridad laboral es más que una consigna. Es la ley”. BP respondió impugnando formalmente todas las acusaciones de la OSHA.El Presidente Barack Obama dijo sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México: “BP es responsable de este derrame; BP pagará la cuenta”. Riki Ott no está segua. Es toxicóloga marina y ex pescadora de Alaska, y fue una de las primeras personas en responder al desastre petrolero del Exxon Valdez en 1989. Exxon desplegó un ejército de abogados para demorar y revocar las demandas legales de la gente que resultó perjudicada física y/o financieramente por el derrame del Valdez. “La industria hace todo lo que puede para limitar su responsabilidad, BP va a pagar hasta donde la ley lo obliga. Estas grandes empresas ayudan a redactar nuestras leyes y ayudan a elegir a nuestros congresistas que aprueban esas leyes. Entonces, estamos como en un juego donde nos hacen trampa”, me dijo.
El periódico Press-Register, de Mobile, Alabama informó que el Fiscal General de Alabama, Tory King, le dijo a BP que “dejara de hacer circular acuerdos extrajudiciales entre la población costera de Alabama”. Aparentemente, BP le estaba pidiendo a los propietarios de botes pesqueros que buscaban trabajo en la mitigación del derrame que renunciaran al derecho de demandar a BP en el futuro. A pesar de la promesa del portavoz de BP de que las renuncias no serían utilizadas, el artículo afirmaba: “King dijo el domingo que aún le preocupaba que, al aceptar los acuerdos propuestos por BP de hasta 5.000 dólares, la gente perdiera su derecho a demandar”.
Incluso aunque BP no engañe a las víctimas para que renuncien al derecho a demandar, la Ley de Contaminación con Petróleo de 1990, si bien exige a los contaminadores que paguen los costos reales de limpieza, pone un tope de 75 millones de dólares a la responsabilidad financiera adicional de un derrame. Teniendo en cuenta que millones de personas sufrirán el impacto del derrame mediante la pérdida de pesca y turismo, y por la cadena de impactos en las industrias vinculadas, 75 millones es una mísera suma.Por este motivo el Senador Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, presentó un proyecto de ley para elevar el tope de la responsabilidad económica por daños y perjuicios a 10 mil millones de dólares, y denominó al proyecto de ley “Ley de Prevención del Rescate de las Grandes Petroleras”. Riki Ott está de gira por Nueva Orleáns y la Costa del Golfo, educando a las personas acerca de los efectos tóxicos del derrame, y ayudándolas a prepararse para la larga batalla que tienen por delante para lograr que BP sea responsabilizada.
BP seguramente continuará con sus prácticas sucias y tratará de evitar ser responsabilizada a nivel judicial, en la prensa y en las playas manchadas de petróleo. BP: estate bien preparada.


Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2010 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org