Filipinas: Arresto masivo de trabajadores del sector sanitario acusados de “Terrorismo”

James Petras

El 6 de febrero, 300 soldados y policías militares fuertemente armados, enmascarados, irrumpieron en la residencia provincial de la Doctora Melecia Velmonte, distinguida especialista en enfermedades infecciosas y Profesora Emérita del Colegio de Medicina de la Universidad de Filipinas, y arrestaron a 43 trabajadores de la sanidad, médicos y enfermeros que habían estado celebrando un seminario sobre preparativos para un posible desastre rural tras las secuelas del devastador tifón Ketsana. Se les vendaron los ojos, se les ató y llevó a un campamento militar donde sufrieron violentos interrogatorios y torturas para ser acusados de terrorismo y pertenencia al movimiento guerrillero El Nuevo Ejército del Pueblo. La dueña de la granja donde los “terroristas” médicos se reunían, Dra. Velmonte, y su hijo, que estaban presentes durante los arrestos y que protestaron por la invasión de su propiedad sin una orden judicial, no fueron arrestados.
Los 43 detenidos médicos han estado custodiados en un campamento militar desde entonces sin acceso posible para familiares y abogados. Los falsos cargos de posesión de armas contra los trabajadores sanitarios se basan en explosivos, pistolas y manuales para la fabricación de bombas, obviamente colocados en sus pertenencias. Se acusa a una enfermera de tener una granada de mano bajo la almohada. Un desfile de cargos claramente falsos, incluyendo el de participación en “unidades comunistas de asesinato”, fueron levantados contra los médicos, (especialmente inverosímiles los levantados contra un especialista de la seguridad social de 61 años que sufre de diabetes e hipertensión) así como contra los enfermeros y los trabajadores de la sanidad. Estos absurdos cargos, la extraña “redada” estilo comando en la residencia de la Dra.Velmonte y el prolongado aislamiento y abuso de los detenidos fueron defendidos por el Gobierno, al más alto nivel, encontrando pocas quejas o llamamientos para una investigación por parte de la oposición dirigida a su vez por la élite. El Decano del Colegio de Medicina de la Universidad de Filipinas publicó una dura denuncia del masivo arresto en la que describió el abuso de los militares sobre los trabajadores sanitarios como parte de un patrón de ataques contra miembros del sector sanitario que buscan completar su misión de servicio a la población rural desatendida.Los detenidos son conocidos como “Morong 43” por el nombre del pueblo en la provincia de Rizal donde el arresto se llevó a cabo. Se han dado masivas protestas y han surgido grupos de apoyo entre una gran variedad de asociaciones de profesionales, organizaciones de la sociedad civil y movimientos de clase en Filipinas, y grupos de enfermeros y organizaciones pro derechos humanos en Norte América y Europa. El incidente fue publicado en el Lancet, pretigiosa revista médica británica.
La prensa estadounidense, que cubre por rutina abusos de los “derechos humanos” contra profesionales independientes en China y Birmania, tiene todavía que hacer mención del arresto y tortura de 43 trabajadores médicos en Filipinas, cuya presidenta , Macapagal Arroyo, es un firme aliado político del Gobierno Obama
Las “Razones” detrás de la represión
El brutal asalto y arresto, por parte del régimen de Macapagal Arroyo, de 43 trabajadores de la sanidad, comprometidos con proveer servicios médicos accesibles y básicos y ayuda y entrenamiento contra los desastres a los pobres del medio rural, puede parecer irracional desde un punto de vista económico: después de todo, en un país donde más de un 70% de la población rural nace y muere sin ver nunca a un médico, estos trabajadores sanitarios ofrecen servicios sociales vitales a poblaciones marginadas sin coste alguno para el Gobierno.
Sin embargo las consideraciones económicas no son lo que atañe a las políticas de un régimen impopular profundamente inmerso en escándalos de corrupción y triquiñuelas electorales. La principal consideración del régimen de Macapagal Arroyo es política: cómo puede el régimen mantener el control sobre un electorado intranquilo, profundamente desencantado con los señores de la guerra, líderes de clan y matones paramilitares locales, que “redondean” sus votos para el candidato elegido por el régimen. En este contexto, las clínicas de salud locales, dirigidas por trabajadores sanitarios independientes bajo el control de la comunidad, son una amenaza a la cadena local de mando del régimen, que dirige la amplia “máquina de patronato” que dicta quién vota y cómo. Cualesquiera que sean los exiguos servicios sociales que existan en las áreas rurales tienen que estar totalmente bajo su control para así subrayar la dependencia que el electorado tiene de los representantes locales del régimen.
Centros de salud de base comunal, donde trabajadores sanitarios ofrecen y enseñan medicina preventiva, higiéne básica, preparación contra desastres y muchos otros servicios, permiten pensar y actuar, independientemente de los jefes locales, a pequeños granjeros, trabajadores del campo y a sus familias. Trabajadores sanitarios voluntarios muestran un micro modelo de a lo que un programa exhasutivo de salud rural debería parecerse, en contraste con el inaccesible, corrupto y privatizado sistema de cuidados médicos promovido por el Gobierno de la Nación.
Bajo el régimen de Macapagal Arroyo, el saqueo de las arcas del Estado ha depauperado el sistema sanitario hasta el punto de que más de 3000 enfermeros y médicos se ven forzados a abandonar cada año el país. Las clínicas privadas y las compañías de seguros suministran servicios médicos de calidad a empleados asalariados de grandes negocios, opulentos profesionales de clase media y miembros de la clase alta. En los hospitales públicos, especialmente en los mayores hospitales docentes, como el enorme Hospital General Filipino, jóvenes doctores, que ofrecen servicios críticos a decenas de miles de pacientes pobres y de baja clase media, trabajan sin salario durante meses o incluso años. Personal y facultativos están tan pobremente pagados que se ven forzados a trabajar paralelamente en clínicas privadas para poder sobrevivir.
Con las próximas elecciones presidenciales de Mayo, la élite política ha hecho un cálculo lógico: como resultado de sus saqueos y brutalidad, las promesas de prosperidad no pueden “comprar” el apoyo del electorado, cuya “lealtad” debe ser entonces “garantizada” a través de la tradicional doble M de la gobernancia filipina: Matones y munición.Fuertemente financiado y alentado por los EE.UU. en su “Guerra Mundial contra el Terror”, el régimen de Macapagal Arroyo ha elaborado su propia lista de amenazas: primero, en el “orden de batalla”, se encuentran los movimientos sociales populares, cuyos dedicados activistas no se venden. Esto explica el uso extendido del arresto masivo y la detención continuada de los “Morong 43” por las fuerzas militares del régimen y los “asesinatos selectivos” de candidatos políticos populares e independientes y líderes comunales independientes.
El ejército ha hecho caso omiso de las órdenes de la Corte Suprema de Filipinas para trasladar a los 43 trabajadores sanitarios a Manila donde tendrían acceso a sus abogados y a cuidados médicos. La detención continuada y el abuso de los “Morong 43” por parte del régimen es un mensaje estilo gángster al movimiento de la sociedad civil filipina: “¡Manteneos al margen de las comunidades pobres o sufriréis un destino similar!” La táctica del gobierno de Macapagal Arroyo y sus partidarios en la Casa Blanca es proceder con la farsa electoral como si “nada fuera mal”.

Lo que se necesita urgentemente es una campaña internacional que exponga el envés oscuro de las elecciones filipinas y que garantice la libertad y el regreso de los “Morong 43”, sanos y salvos, a sus familias y comunidades. Lo que está en juego no son sólo las vidas de los trabajadores sanitarios presos sino también las vidas y el bienestar de muchos miles de granjeros pobres y sus familias que dependen de esos servicios vitales que les brindan. ¡Justicia para los trabajadores rurales de la sanidad!